La Asociación Canadiense de Abogados de Refugiados lleva los casos a la Corte Federal mientras miles de solicitantes reciben avisos de posible inadmisibilidad bajo la Ley C-12. Un único juez de la Corte Federal supervisará la totalidad de los casos
Redacción Canadá Crónica Latina
MONTREAL, 15 de mayo de 2026.— Canadá enfrenta un desafío jurídico sin precedentes a su nueva política de inmigración. La Asociación Canadiense de Abogados Especializados en Derecho de los Refugiados confirmó que los recursos judiciales interpuestos contra las solicitudes de asilo rechazadas bajo la Ley para Fortalecer el Sistema de Inmigración y la Frontera de Canadá (conocida como Ley C-12) han sido admitidos a “gestión de expediente” o “ a gestión centralizada de casos”, lo que significa que un único juez de la Corte Federal supervisará la totalidad de los casos, reporta Radio-Canadá.
Unificación de casos
En otras palabras, una “gestión de expediente” o “gestión centralizada de casos” significa que en lugar de que cada demanda de asilo rechazada vaya con un juez distinto y se cree un caos procesal (con resoluciones contradictorias o retrasos), un único juez toma las riendas de todo el paquete de casos. Este juez se encargará de:
- Establecer los calendarios de las audiencias.
- Resolver dudas sobre las pruebas compartidas.
- Agilizar el proceso para que avance en bloque de manera eficiente.
La norma, adoptada en marzo de 2026 bajo el gobierno de la ministra de Inmigración, Lena Diab, establece que toda solicitud de asilo debe presentarse dentro del año siguiente a la primera llegada del solicitante a Canadá. De no cumplirse este plazo, la solicitud puede ser declarada inadmisible y el proceso ordinario ante la Comisión de Inmigración y Estatus de Refugiado (IRCC) quedaría cerrado para el peticionario.
Miles de solicitantes afectados
¿Cuántas personas se ven afectadas por la Ley C-12 de inmigración en Canadá? El gobierno canadiense estima que alrededor de 30,000 solicitantes de asilo han recibido avisos informándoles de que sus solicitudes podrían ser declaradas inadmisibles. La ley aplica de forma retroactiva desde el 24 de junio de 2020 a todas las solicitudes presentadas a partir del 3 de junio de 2025.
Retroactividad y casos humanitarios
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es su carácter retroactivo: la norma se aplica desde el 24 de junio de 2020, lo que significa que personas que llegaron al país hace años y que nunca imaginaron estar sujetas a un plazo de un año se encuentran ahora en una situación de incertidumbre legal.
Entre los casos que ilustran las consecuencias de esta regla se encuentran el de un ciudadano palestino que en 2023 donó un riñón a su hermana canadiense durante una estancia de aproximadamente siete semanas en el país, y el de un activista político iraní cuya identidad fue revelada al gobierno iraní en julio de 2025, una vez que la regla ya había entrado en vigor de manera retroactiva.
Ambos casos ponen de relieve que la norma no distingue entre la razón por la que una persona no presentó su solicitud de asilo en el primer año. Las personas que reciben un aviso de posible inadmisibilidad disponen de 21 días para aportar pruebas adicionales que respalden su solicitud.
¿Es constitucional la ley?
La abogada de inmigración con sede en Toronto, Aisling Bondy, señaló que la pregunta central que deberá responder la Corte Federal es precisamente si la ley es constitucional. El problema radica en que algunos solicitantes recién declarados inelegibles provienen de países con los que Canadá no tiene acuerdos de expulsión, lo que los dejaría en un limbo jurídico: no podrían obtener la condición de refugiados, pero tampoco podrían ser deportados.
Medidas de protección según el gobierno
¿Qué protecciones legales ofrece Canadá a los solicitantes de asilo rechazados por la Ley C-12? El gobierno señala que existen medidas de protección vigentes: la suspensión de expulsiones hacia determinados países y la posibilidad de someterse a una evaluación de riesgos previa al regreso (PRRA, por sus siglas en inglés) para quienes no puedan acceder al proceso ordinario ante la Comisión de Inmigración.
Críticas políticas: “arbitraria” y “draconiana”
El pasado 15 de abril, durante un debate parlamentario, Jenny Kwan, portavoz del Nuevo Partido Democrático (NPD) en materia de inmigración, no escatimó en calificativos: tachó la regla del año de “arbitraria y draconiana”, argumentando que no evalúa si una persona es verdaderamente refugiada, sino que simplemente aplica un plazo administrativo que ignora las circunstancias individuales. Kwan también advirtió que la norma es más restrictiva que la vigente en Estados Unidos, donde el plazo de un año se computa desde la última entrada al país —no desde la primera, como en el caso canadiense—. Un enmienda en el Senado que habría adoptado ese mismo criterio fue rechazada.
La portavoz del ministerio de Inmigración, Laura Blondeau, defendió la política afirmando que el gobierno tiene el mandato de recuperar el control del sistema migratorio y que la ministra se ha comprometido a mantener comunicaciones “sólidas, claras y oportunas” con las personas afectadas.
El trasfondo: un sistema al límite
La ley C-12 nació en respuesta al colapso operativo del sistema de asilo canadiense. A finales de 2025, la Comisión de Inmigración tenía una acumulación de cerca de 300,000 expedientes pendientes, mientras que su capacidad de procesamiento no supera las 80,000–90,000 solicitudes por año. El resultado es un tiempo de espera de aproximadamente tres años por solicitud. El ministerio atribuye parte de este rezago al aumento de personas con visas temporales que presentan solicitudes de asilo antes de que venza su permiso.
Con los recursos constitucionales ya encaminados ante la Corte Federal y un solo juez a cargo de coordinar todos los casos, la suerte de miles de personas en situación vulnerable quedará, en los próximos meses, en manos de la justicia.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo está vigente la Ley C-12?
La ley fue adoptada en marzo de 2026 y aplica retroactivamente desde el 24 de junio de 2020. Las solicitudes presentadas a partir del 3 de junio de 2025 están sujetas a la regla del plazo de un año.
¿Qué ocurre si un solicitante es declarado inadmisible?
Su caso no será examinado por la Comisión de Inmigración. Sin embargo, puede someterse a una evaluación de riesgos previa al regreso (PRRA). Si proviene de un país sin acuerdo de expulsión con Canadá, podría quedar en un limbo legal.
¿Puede impugnarse la ley ante los tribunales?
Sí. Los recursos judiciales ya han sido admitidos a gestión por la Corte Federal canadiense. El principal argumento es que la norma podría ser inconstitucional y contravenir la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
¿Qué plazo tiene el solicitante para responder a un aviso de inadmisibilidad?
Dispone de 21 días para presentar pruebas adicionales que respalden su solicitud de asilo.
