Pese a testimonios, las sanciones impuestas a los empleadores de esta provincia siguen siendo escasas, revelan organizaciones. Trabajadores extranjeros temen hablar por miedo a perder el empleo, a ser deportados o a sufrir represalias
Redacción Canadá Crónica Latina
MONTREAL, 29 de junio de 2026.— A pesar de los testimonios de numerosos trabajadores extranjeros temporales que denuncian situaciones de explotación, fraude y abuso en la Isla Príncipe Eduardo (IPE), las sanciones impuestas a los empleadores siguen siendo escasas y las multas, hasta hace poco, irrisorias. Expertos en inmigración y organizaciones de apoyo advierten que el sistema actual deja a los trabajadores más vulnerables en una situación de indefensión.
Un problema amplio que las cifras oficiales no reflejan
Desde 2016, cuando el gobierno federal creó su lista pública de empleadores infractores, solo 10 empresas en la Isla Príncipe Eduardo han sido declaradas en incumplimiento del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET). Sin embargo, esta cifra contrasta con la realidad que describe Ryan MacRae, coordinador del programa de trabajadores migrantes del Instituto Cooper en Charlottetown.
“Sabemos, gracias a los propios trabajadores, que todavía hay mucha actividad fraudulenta en IPE”, señala MacRae, quien documenta de forma cotidiana casos que van desde cobros ilegales de honorarios de reclutamiento hasta promesas engañosas sobre residencia permanente, pasando por salarios no pagados, viviendas superpobladas y amenazas directas contra los trabajadores.
Uno de los factores que agrava la situación es la naturaleza misma de los permisos de trabajo cerrados, que vinculan al trabajador a un único empleador. Esta dependencia estructural limita enormemente la capacidad de los trabajadores para denunciar abusos o simplemente cambiar de trabajo sin arriesgar su estatus migratorio.
¿Por qué los trabajadores no hablan?
El sistema de inspecciones existe, pero su efectividad es cuestionada. Según MacRae, las visitas de control no siempre se realizan de manera que los trabajadores se sientan libres de expresarse con sinceridad. El miedo a perder el empleo, a ser deportados o a sufrir represalias silencia a quienes más necesitarían alzar la voz.
Principales tipos de abuso reportados por trabajadores migrantes en IPE:
- Cobro de honorarios de reclutamiento ilegales
- Promesas engañosas sobre condiciones de trabajo o residencia permanente
- Salarios retenidos o impagos
- Alojamiento en condiciones de hacinamiento
- Amenazas e intimidación por parte de empleadores
Sanciones insuficientes, pero en aumento
Los números hablan por sí solos: entre 2018-2019 y 2023-2024, sólo cuatro empleadores de IPE fueron declarados en incumplimiento y el total de multas acumuladas no superó los 3,000 dólares. En los dos ejercicios fiscales posteriores, seis empresas fueron sancionadas y las penalizaciones ascendieron a más de 470,000 dólares, una cifra considerablemente más alta pero que, según los expertos, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
El caso más resonante reciente es el de Canadian Nectar Products, inhabilitada del programa durante dos años y multada con 212,000 dólares, la sanción más elevada jamás impuesta a una empresa de la provincia en este ámbito.
MacRae considera que una parte de estas multas debería destinarse directamente a compensar a los trabajadores afectados: “Ellos pierden su oportunidad de empleo”, subraya.
Por su parte, el abogado de inmigración de Toronto Ravi Jain afirma a la CBC que la lista federal de empleadores que no cumplen con las normas representa solo la punta del iceberg. “Hay muchísimas estafas”, afirma. “El gobierno no tiene la capacidad de hacerles frente”.
No todos los empleadores sancionados son necesariamente fraudulentos
La abogada de inmigración de Halifax Sara Espinal Henao aporta un matiz importante: no todos los empleadores que aparecen en la lista actúan de mala fe. Algunos simplemente no conservan la documentación requerida y, cuando llega una inspección, no pueden demostrar que cumplieron con sus obligaciones.
“Muchos empleadores tratan correctamente a sus empleados, pero por alguna razón no guardan los registros”, explica. La ley exige conservar esa documentación durante seis años, y las condiciones prometidas a los trabajadores deben corresponderse con la realidad.
Las medidas provinciales: avances tímidos
La provincia de IPE también tiene un papel que jugar. En abril de 2025 entró en vigor la primera fase de la ley provincial de protección de trabajadores extranjeros temporales, que se centra por ahora en la regulación de los reclutadores. Actualmente, ocho reclutadores están autorizados y deben contar con licencia y depositar una fianza de 10,000 dólares, que puede ejecutarse en caso de cobros ilegales a trabajadores.
Requisitos para reclutadores autorizados en IPE (fase 1, desde abril 2025):
- Obtener una licencia de reclutamiento ante la provincia
- Depositar una fianza de 10,000 dólares
- Abstenerse de cobrar honorarios ilegales a trabajadores extranjeros
- Sujetarse a la supervisión provincial del proceso de reclutamiento
Lucas MacArthur, director de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo de IPE, señala que también está próxima la creación de un registro de empleadores, un paso que expertos consideran necesario para mejorar la rendición de cuentas.
Un sistema que necesita reformas estructurales
El panorama que emerge de los testimonios de expertos, abogados y representantes de trabajadores es el de un sistema con instrumentos formales de control, pero con recursos y voluntad política insuficientes para hacerlos efectivos. Mientras los trabajadores extranjeros temporales siguen llegando a Canadá en condiciones de alta vulnerabilidad, las reformas avanzan lentamente y las víctimas raramente obtienen reparación.
Preguntas frecuentes
Solo 10 empleadores han sido declarados en incumplimiento del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales desde que se creó la lista pública federal.
Entre los más frecuentes figuran el cobro ilegal de honorarios de reclutamiento, salarios impagos, viviendas en condiciones de hacinamiento y amenazas de deportación.
En abril de 2025 entró en vigor una ley de protección que regula a los reclutadores. También está en desarrollo un registro de empleadores. Las sanciones a reclutadores sin licencia aún no han sido aplicadas.
